Por: Delfina Colombres Garmendia[1]

INTRODUCCIÓN

En el año 2013 se presentó ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el caso de Beatriz, una mujer salvadoreña con un embarazo de alto riesgo.

En el presente caso N° 310-2013, la Corte Suprema de Justicia de El Salvador logró defender no sólo la vida, sino también la soberanía del país, lográndose imponer ante la presión de los organismos internacionales que intentaron, una vez más, politizar el conflicto para imponer la agenda del aborto en los países más pobres de Latinoamérica.

Lo interesante de este caso es que se logró preservar la vida de la madre y la del hijo hasta su muerte por causas naturales.

CONTEXTO FÁCTICO

Beatriz, una mujer de 22 años, sufría de lupus eritematoso discoide agravado con nefritis lúpica. Durante la gestación de su segundo hijo, a él se le diagnosticó, anencefalia.

El 22 de marzo de 2013, en vista de la gravedad de la madre y del feto, el Jefe del Servicio de Perinatología del Hospital Nacional de Maternidad solicitó la opinión del Comité Médico de dicho nosocomio, quien concluyó que “la única forma de disminuir el riesgo de morbi-mortalidad materna frente a la nula probabilidad de vida extrauterina del feto con anencefalia es la interrupción del embarazo”[2]; posibilidad que, no obstante ser la mejor opción según el saber médico, los galenos se han negado a realizar para evitar incurrir en un ilícito penal. Para su realización, debían esperar la respuesta del Ministerio Público.

El día 11 de Abril de 2013 se presentó un recurso de amparo a fin de salvaguardar el derecho a la salud y a la vida de Beatriz en el que se solicitó que “en supuestos como el de la señora Beatriz las autoridades de salud no pueden escudar su pasividad o inactividad en la falta de autorización del Ministerio Público, pues es su deber brindar asistencia e intervenir con urgencia cuando el caso que se presente lo amerite, aplicando los procedimientos médicos pertinentes[3]. Es decir, si el médico cree conveniente la realización de un aborto, éste no se ve obligado a solicitar permiso a autoridades jerárquicas superiores.

Dos días después, el Comité médico acordó la finalización de la gestación al considerar que el pronóstico de vida del niño una vez que naciera sería fatal, y a su vez, que la patología materna se agravaría conforme avanzara la gestación. Si el embarazo avanzaba se corrían riesgos de hemorragia obstétrica grave, agravamiento del lupus, empeoramiento de la falla renal, preeclampsia grave y formas complicadas de la misma, infecciones posparto y muerte materna.

El 17 de Abril, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia admitió el recurso de amparo y ordenó que mientras se resuelva la medida cautelar “las autoridades demandadas garanticen el derecho a la vida y a la salud, tanto física como mental de Beatriz, brindando el tratamiento médico necesario e idóneo para la preservación de tales derechos[4]. No se le practicó un aborto, pero Beatriz continuó internada.

Decepcionados con esta decisión, el 18 de Abril el representante de Beatriz solicitó medidas cautelares a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Ante dicho reclamo, el 29 de Abril, la CIDH solicitó al Estado de El Salvador la adopción de medidas cautelares para proteger la vida, integridad personal y salud de Beatriz en vistas a las recomendaciones realizadas por el Comité Médico del Hospital Nacional Especializado de Maternidad y de la falta de una decisión por parte de la Corte Suprema de Justicia para resolver en forma expedita el recurso de amparo presentado el 11 de Abril de 2013.

El 24 de mayo la CIDH elevó a la Corte la solicitud de medidas provisionales, ya que habían pasado 5 semanas desde que el Comité Médico recomendó la finalización del embarazo sin que esto se concretara.

El 28 de mayo la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia del Salvador declaró que no daba lugar al recurso de amparo, con el mandato de que las autoridades demandadas continuaran monitoreando el estado de salud de Beatriz.

En la resolución se afirmó que “desde un punto de vista constitucional, no cabe una interpretación de la vida humana como un derecho absoluto e ilimitado; de tal forma que se reconozca al nasciturus un derecho superior y de mayor importancia frente al de la madre, pues ello avalaría una despersonalización y desconocimiento de los derechos de la mujer gestante.”[5], y se mencionó que el reconocimiento de la vida humana desde el momento de la concepción exige al Estado, como principal obligado, a garantizar su protección y a poner en marcha los mecanismos y los procedimientos, idóneos y necesarios para brindar al binomio madre-hijo equivalente oportunidades de goce del derecho a la vida.

El razonamiento de la Corte salvadoreña se basó en la necesidad de proteger al binomio madre-niño, sobre todo en cuanto a que, gracias al seguimiento y monitoreo médico, tanto Beatriz como su bebé, se encontraban estables. La Sala concluyó que las autoridades le brindaron asistencia médica adecuada “pues lograron estabilizar su condición de salud”[6] y, por consiguiente, “no existe la vulneración de derechos fundamentales alegada”[7]. Señaló que “los derechos de la madre no pueden privilegiarse sobre los del nasciturus ni viceversa” y que “existe un impedimento absoluto para autorizar la práctica de un aborto por contrariar la protección constitucional que se otorga a la persona humana desde el momento de la concepción”[8].

El 29 de mayo la Corte Interamericana emitió resolución concediendo las medidas provisionales[9].

Finalmente, el 3 de junio de 2013 Beatriz da a luz una niña anencefálica, que sobrevivió durante 5 horas.

CONTEXTO NORMATIVO

El Salvador posee desde 1997 una de las legislaciones más protectoras de la vida en el mundo, ya que prohíbe el aborto en todos los casos. Antes de 1997 el país contaba con una ley que permitía el aborto bajo tres causales: riesgo en la salud o vida de la madre, en caso de violación o estupro y en caso de incompatibilidad de la vida del niño por nacer con la vida extrauterina.

En 1998 se reformó el código penal y su artículo 133 en el que se castiga el delito de aborto con una penalización de 2 a 8 años de prisión. De acuerdo a dicha normativa se castigan las siguientes conductas: a) aborto cometido por persona distinta a la de la mujer embarazada con su consentimiento; b) el aborto cometido por la mujer embarazada; y c) el consentimiento otorgado por la madre para practicar el aborto.

Dicha posición fue reafirmada debido a la protección que otorgó la Constitución de El Salvador al derecho a la vida, luego de la reforma hecha en febrero de 1999. Dicha reforma estableció en el artículo 1 de la Constitución que: “El Salvador reconoce a la persona humana como el origen y el fin de la actividad del Estado, que está organizado para la consecución de la justicia, de la seguridad jurídica y del bien común. Asimismo reconoce como persona humana a todo ser humano desde el instante de la concepción[10]. En consecuencia, es obligación del Estado asegurar a los habitantes de la República, el goce de la libertad, la salud, la cultura, el bienestar económico y la justicia social.”

CONCLUSIÓN

El caso de Beatriz vs El Salvador pone de relieve la importancia de preservar por ley la vida de la madre tanto como la del hijo, ya que las dos poseen el mismo valor jurídico. El actual avance de la ciencia y de la técnica hacen altamente viable la conservación de ambas vidas aún cuando alguna de las dos padezca algún tipo de patología.

Si bien es cierto que Beatriz poseía una enfermedad que hacía riesgoso su embarazo, y que su hijo sea anencefálica, el hecho de que haya tenido la posibilidad de dar a luz y dejar que su hijo muera por causas naturales hizo posible que se preserve su salud psicológica, librándose de las consecuencias negativas que el aborto tiene sobre la salud mental de la mujer[11].

El derecho a la vida fue protegido adecuadamente por el Estado de El Salvador que supo resistirse a las presiones de las organizaciones internacionales (La Corte y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos) para la realización de un aborto. Es admirable cómo el Estado de El Salvador defendió su soberanía y la Suprema Corte garantizó los derechos constitucionales para todos sus habitantes como seres humanos iguales en dignidad.

 
[1] Abogada por la Universidad Nacional de Tucumán. Diploma en Moral Foundations of Law, The Witherspoon Institute, Princeton University – 2013. Blackstone Fellow 2014. Associate en una gran firma en Buenos Aires, Argentina.

[2] Sentencia 310-2013 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Página 2.

[3] Ídem. Página 1.

[4] Ídem. Página 3.

[5] Ídem. Página 11.

[6] Ídem. Página 21.

[7] Ídem. Página 21.

[8] Ídem. Página 22, 23.

[9] Ver: Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 29 de mayo de 2013 medidas provisionales respecto de El Salvador.

http://www.corteidh.or.cr/docs/medidas/B_se_01.pdf

[10] Constitución de El Salvador. Año 2014.

http://www.asamblea.gob.sv/eparlamento/indice-legislativo/buscador-de-documentos-legislativos/constitucion-de-la-republica

El resaltado nos pertenece.

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