Por M. Laura Farfán Bertrán, Abogada y Coordinadora del Proyecto1

Toda Nación refleja en su sistema jurídico aquellos bienes y valores considerados esenciales, y en este sentido, los pueblos latinoamericanos no son la excepción. El cúmulo de valores sociales y culturales que estos pueblos comparten se vio siempre reflejado en sus respectivas legislaciones, comenzando por el reconocimiento irrestricto del derecho humano a la vida.

En efecto, estas naciones reconocieron el derecho a la vida como el primero de los derechos, y adhirieron plenamente a los principios consagrados en los instrumentos internacionales de derechos humanos, respondiendo no sólo a las exigencias de un determinado momento histórico, sino principalmente a su propia historia e identidad, caracterizada por una larga trayectoria de respeto por la vida.2

Las Naciones latinoamericanas sancionaron el aborto y reglamentaron de forma muy restrictiva sus excepciones,3 y la presente publicación (que incluye el análisis de siete países: México, Honduras, Paraguay, Argentina, Chile, Colombia y Brasil) constituye una buena fotografía de la realidad imperante en el continente entero.

Los elevados índices de mortalidad materna no se encuentran vinculados a la ilegalidad del aborto, sino que responden a otras causas, entre las que se encuentran en primer término la falta de acceso oportuno y efectivo a los servicios de salud materna.

Chile y Honduras se encuentran entre los países que prohíben el aborto en todas sus formas; Argentina y Paraguay sólo contemplan excepciones muy restringidas, en tanto que México –Estado federal– lo ha legalizado únicamente en su Distrito Federal, mientras que el resto de los Estados Federativos sólo lo permiten en determinados casos. Esta publicación describe sus legislaciones nacionales e internacionales, como así también, las decisiones judiciales y administrativas más relevantes.

Se incluye asimismo el análisis de dos experiencias particulares: la despenalización del aborto en Colombia, por medio de dos decisiones de la Corte Constitucional en 2006 y 2010 (las cuales resultan extraordinarias en relación al contexto Latinoamericano, y probablemente inconstitucionales a la luz de su propia Constitución), y el impacto del aborto en las últimas elecciones presidenciales de Brasil.

Es decir que, si bien esta publicación no aborda la realidad de todos los países que integran Latinoamérica, a través del análisis de los países escogidos puede observarse perfectamente por qué se define a Latinoamérica como un continente “pro vida”, es decir, un continente donde la mayoría de las naciones protegen la vida, y prohíben el aborto.

Sin embargo, debe tenerse en cuenta que se trata también de un continente donde las fuerzas de la cultura de la muerte intentan socavar –a través de leyes y decisiones judiciales– este compromiso con la vida. Es por ello que resulta esencial continuar el camino trazado por estos pueblos, mejorando progresivamente la legislación vigente, adaptándola a las nuevas realidades y necesidades –incorporando nuevos derechos o reforzando los ya consagrados–, y mejorando las condiciones que permitan garantizar su goce efectivo.

Según datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), en el año 2002 el número de latinoamericanos que vivía en la pobreza alcanzó los 220 millones de personas, lo cual representa el 43,4 % de la población total,4 y actualmente sigue siendo la región con mayor desigualdad de ingresos en el mundo.5

Estas desigualdades son fuertemente utilizadas como propaganda a favor de la legalización del aborto, argumentándose que la penalización del mismo criminaliza la pobreza, ya que sólo las mujeres que carecen de recursos económicos se verían sometidas a prácticas clandestinas “inseguras”, aumentando de este modo los índices de mortalidad materna. Quienes propugnan por un “aborto legal” identifican la pobreza, el aborto clandestino, y la mortalidad materna, como realidades necesariamente vinculadas, presentando la legalización del aborto como la solución adecuada a dichos problemas.6

Resulta importante, en este contexto, destacar dos aspectos importantes:
En primer lugar, es necesario resaltar que los elevados índices de mortalidad materna no se encuentran vinculados a la ilegalidad del aborto, sino que responden a otras causas, entre las que se encuentran en primer término la falta de acceso oportuno y efectivo a los servicios de salud materna.

En este sentido, el Banco Mundial ha calculado que si todas las mujeres tuvieran acceso a intervenciones para atender las complicaciones del embarazo y parto, en especial a cuidados obstétricos de emergencia, un 74% de las muertes maternas podrían evitarse.7 La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), por su parte, ha manifestado que en Perú, el 74% de las mujeres en las áreas rurales da a luz en sus casas sin la asistencia de profesional calificado, en comparación con el 90% de las mujeres en comunidades indígenas, aún cuando uno de los factores internacionalmente reconocidos como asociados a la reducción de la morbi–mortalidad materna, es la atención del parto por personal calificado. Asimismo, en Bolivia, país con la tasa de mortalidad materna más alta en la región andina (290), las principales causas de mortalidad materna son las complicaciones obstétricas, hemorragias e infecciones.8

Uno de los principales objetivos de Defendiendo Vidas es proponer a políticos y ciudadanos latinoamericanos alternativas que busquen reforzar la protección del derecho humano a la vida. Y es por ello que se incluye un capítulo denominado “Lineamientos Legislativos para América Latina”.

Queda evidenciado de este modo, que los altos índices de mortalidad materna no guardan relación directa y necesaria con la penalización del aborto, sino que responden a diversos factores. En este sentido, las experiencias de Honduras y Chile confirman esta afirmación, ya que ambos países han experimentado una reducción de los índices de mortalidad materna, incluso tras modificar sus disposiciones penales derogando todo supuesto de aborto “permitido”.9

En segundo lugar, debe resaltarse también que en ningún caso la solución a los problemas asociados a la maternidad en condiciones de pobreza se encuentra en la legalización del aborto. Por el contrario, cada Nación deberá evaluar cuál será la mejor manera de asistir a la mujer que enfrenta un embarazo conflictivo, a fin de garantizarle el acceso a los servicios básicos, y brindarle una protección integral que le asegure una completa asistencia de sus necesidades.10

Asimismo, es importante denunciar que los Estados Latinoamericanos actualmente son objeto de incontables ataques y presiones por parte de organismos –nacionales e internacionales– que promueven la legalización del aborto. Estos organismos sostienen que las legislaciones latinoamericanas que penalizan el aborto violan los tratados internacionales de derechos humanos.11

Resulta contradictoria tal afirmación, si se tiene en cuenta que el derecho a la vida ha sido expresamente consagrado y protegido por numerosos pactos, tratados y declaraciones, en tanto que ninguno de ellos reconoce –ni explícita ni implícitamente– un pretendido derecho al aborto.

En este sentido, merece mención especial la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer ya que, si bien consagra numerosas disposiciones que protegen la maternidad –amparando tanto a la mujer como al niño por nacer–, su Comité ha cuestionado de forma inapropiada las leyes nacionales que prohíben y penalizan el aborto, instando a su revisión a fin de permitir la interrupción del embarazo.12

Con el fin de garantizar que los sistemas legislativos nacionales no se vean avasallados por recomendaciones de organismos internacionales que – careciendo de toda facultad y sustento legal para hacerlo– pretenden imponer reformas legislativas en esta materia, se pone a consideración de los Estados una sugerencia para interpretar la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer y su Protocolo Facultativo.

En efecto, uno de los principales objetivos de este libro es proponer a políticos y ciudadanos latinoamericanos alternativas que busquen reforzar la protección del derecho humano a la vida. Y es por ello que se incluye un capítulo denominado “Lineamientos Legislativos para América Latina”.

De este modo, los países latinoamericanos continúan el rumbo históricamente trazado, partiendo del principio de soberanía nacional que permite a todo Estado rechazar cualquier injerencia externa arbitraria, protegiendo sus sistemas jurídicos, ampliando progresivamente el reconocimiento legal del derecho a la vida, y asegurando a toda persona –sin discriminación alguna– el goce de todos sus derechos, comenzando por el primero de ellos, el derecho humano a la vida.

El desafío está planteado.

1. Abogada por la Universidad Nacional de Cuyo (Argentina). Miembro fundador del Instituto de Ética y Derecho y presidente del mismo en 2009 y 2010 (Argentina).
2. La Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Declaración Universal de los Derechos del Niño, la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño; la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, reconocieron expresamente a toda persona el derecho a la vida. Sin embargo, las naciones latinoamericanas ya habían reconocido este derecho aún antes de la ratificación de dichos tratados.
3. Chile, Honduras, El Salvador, Nicaragua y República Dominicana, no prevén ningún supuesto de aborto “permitido”, en tanto que la gran mayoría de los países sólo contemplan muy contadas excepciones, generalmente basadas en el peligro para la vida o la salud de la madre, o en embarazos producto de violación o incesto. Entre estos países se encuentran Antigua y Barbuda, Argentina, Belice, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Granada, Guatemala, Haití, Jamaica, México, Panamá, Paraguay, Perú, Surinam, Trinidad y Tobago, Uruguay y Venezuela. Finalmente, Cuba y Puerto Rico son los únicos países que legalizaron esta práctica.
4 . http://www.eclac.org/cgi-bin/getProd.asp?xml=/prensa/noticias/comunicados/4/12984/P12984. xml&xsl=/prensa/tpl/p6f.xsl
5. http://www.eclac.cl/cgi-bin/getProd.asp?xml=/publicaciones/xml/1/39991/P39991.xml&xsl=/ tpl/p9f.xsl&base=/tpl/top-bottom.xsl
6. Así, por ejemplo, la International Planned Parenthood Federation ha manifestado en su publicación “Muerte y Negación: Aborto Inseguro y Pobreza” que “millones de mujeres carecen de acceso a los servicios de salud reproductiva; muchas más tienen poco o ningún control para decidir si se embarazan. Como resultado de ello, cada año unos 19 millones de mujeres no tienen otra opción más que someterse a un aborto inseguro. Muchas de esas mujeres morirán como consecuencia; muchas más quedarán lesionadas permanentemente. Casi todas las mujeres que mueren o son lesionadas son pobres y viven en países pobres.”http://www. ippfwhr.org/sites/default/files/files/Death_Denial_Sp_0.pdf
7. WAGSTAFF, A. and M. CLAESON, 2004 The Millennium Developments Goals for Health: Rising to the Challenges. Washington DC: El Banco Mundial, citado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Acceso a Servicios de Salud Materna desde una Perspectiva de Derechos Humanos, Organización de Estados Americanos, Washington DC, 2010, p. 3.
8. Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Acceso a Servicios de Salud Materna desde una Perspectiva de Derechos Humanos, Organización de Estados Americanos, Washington DC, 2010, p. 3 y 5.
9. Honduras reportó una disminución de aproximadamente el 40% en la mortalidad materna desde 1990 hasta la fecha (ver en la presente publicación el artículo correspondiente a este país). Chile, por su parte, presenta actualmente el más alto estándar de salud materna en América Latina y es el segundo país –después de Canadá– con la razón de mortalidad materna más baja, 18.8 por 100.000 nacidos vivos. De hecho, la razón de mortalidad materna en este país se redujo de 293,7 por 100.000 nacidos vivos en 1962 a 18,2 por 100.000 nacidos vivos en el año 2007, reflejándose de este modo una reducción total de la razón de mortalidad materna del 93,8 % entre estos años. Es importante destacar que la prohibición total del aborto en Chile tuvo lugar en el año 1989, sin que ello afectara en nada la tendencia de reducción progresiva de dicha tasa de mortalidad. http://es.scribd.com/doc/63446440/ Aborto-y-mortalidad-materna-en-Chile-Presentacion-del-Dr-Koch-ante-Senado-2011
10. Corresponde a cada Estado analizar la conveniencia de garantizar esta protección a través de prestaciones directas, o bien, a través de prestadores privados que se vean incentivados y favorecidos por medio de exenciones impositivas u otras medidas de promoción, actuando el Estado de manera subsidiaria. Pero independientemente de la forma en la que cada Estado elija proteger la maternidad, lo cierto es que se trata de un deber esencial, del cual depende que el derecho a la vida del más vulnerable, es decir, de quien está por nacer, se vea garantizado.
11. Así, por ejemplo, Amnistía Internacional ha ejercido fuertes presiones. Ha sostenido que la prohibición total del aborto en Nicaragua constituye una “grave desviación del compromiso del gobierno con la mejora de la igualdad social y tiene graves consecuencias para la protección de los derechos humanos de las mujeres y las niñas.” Ver: http://www.amnestyusa. org/pdfs/amr430012009spa.pdf.
12. El Comité de la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) ha criticado –a través de sus informes periódicos– a varios países latinoamericanos como Chile, Paraguay y México, por las legislaciones restrictivas en esta materia (ver en la presente publicación los informes correspondientes a estos países). También el Estado de Belice ha sido objeto de críticas por este organismo. Ver: http://www.un.org/ womenwatch/daw/cedaw/cedaw25years/content/spanish/CONCLUDING_COMMENTS/ Belize/Belize-CO-1-2.pdf.

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